En el barrio Lo Amador de la ciudad de Cartagena las lluvias no huelen a tierra mojada sino a tragedia, a catástrofe inminente. Un talud de 40 metros de largo por 5 metros de alto amenaza en cada invierno sepultar una calle entera. Quienes no conviven con este peligro diario no se imaginan lo tenebroso que pueden ser un par de nubes negras. Pero las diez familias de la calle San Fernando sí que lo saben, pues han tenido que lidiar con la idea de un desastre anunciado desde hace más de doce años.
La historia de las casas en alto riesgo de Lo Amador comienza en el 2005. En abril de ese año, funcionarios de la Oficina para la Prevención y Atención de Desastres del Distrito visitaron el barrio y declararon en “situación de amenaza” a las casas en la calle San Fernando; también recomendaron que la Secretaría de Infraestructura le hiciera una evaluación técnica a la zona, que Corvivienda contemplara algún programa de reubicación para las familias afectadas y se construyera, con prontitud, un talud de concreto para mitigar el peligro de un derrumbe.
Estas recomendaciones fueron ignoradas. En febrero de 2007, durante la alcaldía de Nicolás Curi, se destinaron 30 millones de pesos (de un presupuesto general de 600 millones) para realizar estudios topográficos en el barrio. Diez años después (2017), la coordinadora de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres, Laura Mendoza Bernett, insiste en realizar nuevamente estos estudios. ¿Qué pasó entonces con los 30 millones? ¿Se perdieron? ¿Se malgastaron? ¿Se los robaron?
Mientras la ruleta de la negligencia y la corrupción gira sin fin, en Lo Amador los aguaceros se reciben con espanto y los procesos de reubicación se tornan humillantes. Las soluciones que el Distrito les ofrece a estas diez familias en riesgo carecen de imaginación y no se ciñen a estándares dignos: pueden abandonar sus casas por un miserable subsidio trimestral de 600.000 pesos o pueden irse a vivir a un improvisado albergue en los estadios de la ciudad hasta que acabe la temporada de lluvias que, según el IDEAM, se extenderá a junio.
Nuevas casas no habrá, porque el Estado aún le falta reubicar a las familias damnificadas por los inviernos de años anteriores. Hoy, por no querer irse de sus casas bajo esas condiciones indignas, a las personas de la calle San Fernando las quieren obligar a firmar un papel en el que las responsabilizan de sus propias muertes. Es un papel cínico y perverso que muestra a una Alcaldía experta en lavarse las manos, esta vez con el agua de la lluvia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario