¿Deberían los criminales morir a raíz de determinados crímenes? Esta es la pregunta que andan haciéndose los colombianos por estos días. Su origen: el espantoso asesinato de una niña de siete años en Bogotá. Yuliana Andrea Samboni fue raptada de su barrio, abusada sexualmente y luego asfixiada. Esta secuencia de sucesos atroces puso en discusión la pena de muerte, especialmente entre la ciudadanía indignada que pide a gritos que se haga justicia.
En Colombia, la pena de muerte ha sido aceptada y prohibida en distintas épocas: en 1851 los gobiernos liberales la emplearon para quienes cometían delitos políticos; después, en 1886, con la nueva Constitución, se prohibió para los delitos políticos pero comenzó a aplicarse a quienes cometían crímenes atroces, ciertos delitos militares y traición a la patria en guerra extranjera. Finalmente, en 1910, fue abolida por una Asamblea Nacional Constituyente, y la Constitución de 1991 reforzó esta prohibición en su artículo 11, con el argumento de que “el derecho a la vida es inviolable”.
Por estos días, esta garantía a la vida parece tambalearse, pues muchos han resuelto que la mejor forma de combatir el horror es regresando al deshumanizador recurso de la muerte. Entiendo que crímenes como el de Yuliana producen asco e indignación, pero no es sano que nuestra idea de justicia sea emparentada con la venganza y la retaliación. No hay grandeza moral en aquel que pide la cabeza de un criminal para saciar su tristeza o construir un mundo mejor, y les diré por qué: porque la muerte degrada, enturbia nuestra búsqueda de la paz y la honradez.
El solo deseo de acabar con la vida de un homicida deslegitima cualquier propósito honorable. Una pena así en nuestro código penal nos rebajaría, por vía legal, a la barbarie del que comete el crimen.
Además, en un país como Colombia cuyo sistema de justicia es tan ineficaz que muchas veces los culpables son absueltos y los inocentes condenados, es cada vez más necesario prohibir la pena de muerte. Nada más terrible que un ciudadano que ha de morir por una equivocación judicial.
Sólo espero que Rafael Uribe Noguera, presunto homicida de Yuliana, no haga parte de esos culpables que son absueltos por “equivocación”. No le deseo la muerte, pero sí un proceso justo. Mi completa solidaridad con la familia de la víctima y con aquellas niñas y mujeres que se sienten vulnerables en una sociedad misógina y machista. Más que centrarnos en la pena de muerte, creo que deberíamos centrarnos en la violencia de género y la perversa ideología que la causa.
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