El mercado que no fue

Como casi todas las historias sobre obras inconclusas en Cartagena, la del Mercado de Santa Rita empieza con Dionisio Vélez Trujillo. En el 2014, durante su gobierno atípico, Vélez Trujillo comenzó el proyecto de remodelación del antiguo Mercado de Santa Rita para convertirlo en una especie de supermercado moderno que tendría por nombre “Santa Rita Plaza”. El proyecto se dividió en dos fases: la primera se llevó a cabo en febrero de 2014 y tuvo una inversión de 7.622 millones de pesos; mientras que la segunda arrancó en abril de 2015 y costó otros 4.800 millones más.

Según lo proyectado por Vélez Trujillo y sus contratistas, la obra sería terminada hacia diciembre de 2015, pero cuando la fecha llegó los habitantes de Santa Rita se encontraron con un edificio en pañales que todavía no tenía sus locales adjudicados a los vendedores y que, además, carecía de la dotación física adecuada para su correcto uso, es decir, se habían olvidado de instalar congeladores, mostradores, neveras y persianas de contención en las rampas de acceso existentes en el diseño original del nuevo mercado. La obra fue suspendida el 17 de diciembre porque no habían revisado los medidores de energía de 256 locales comerciales.

Sin embargo, estos contratiempos no impidieron que Dionisio Vélez “entregara” el mercado el 31 de diciembre, el último día de su mandato. Aquel fue un evento ridículo en el que el exalcalde no inauguró nada, pero simuló hacerlo, y los cartageneros sufrimos la estupidez (o la sinvergüenzura) de un gobernante que podía entregar una obra que días antes ya había sido suspendida.

Cuando Manuel Vicente Duque asumió la alcaldía en enero de 2016, una de sus primeras promesas consistió en resarcir la ineptitud de la administración anterior frente a este mercado. Fue así como en agosto de 2016 se invirtieron unos 1.700 millones adicionales para finalizar la adecuación del mercado. Esta vez, la promesa de apertura se fijaba en noviembre del año pasado, pero ‘Manolo’ tampoco cumplió, fiel a la mala costumbre del político colombiano promedio que promete el cielo y no da ni las sandalias de San Pedro.

En total, el Distrito se ha  gastado 14.122 millones de pesos y el Santa Rita Plaza sigue siendo, en pleno 2017, el mercado que no fue. Su fachada gris e inacabada constituye un monumento a la negligencia y al abandono institucional. Mientras tanto, los vendedores que fueron sacados de su antiguo mercado con el sueño de un lugar mejor intentan ganarse, en la informalidad, la vida que la corrupción les está robando día a día.

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Hipocresías informales

En la plaza de San Pedro Claver, frente al atrio de la iglesia con el mismo nombre, hay un vendedor de ‘raspaos’ al que las autoridades jamás se han atrevido a desalojar en su afán por ‘recuperar’ el espacio público ocupado por los vendedores informales. Lo mismo ocurre con un embolador de zapatos, un peluquero, un reciclador de chatarra y una mesa en la que cuatro tipos herrumbrosos vienen jugando el mismo juego de dominó desde hace casi veinte años.

A ellos ningún funcionario les ha puesto un dedo encima. Claro, cómo no, si son esculturas, si en el pecho no les late sangre tibia sino una placa de metal. Los turistas que transitan por la plaza se les acercan en grupo y se toman una fotografía que luego suben al Facebook o al Instagram, contentos de haber posado junto a lo que consideran una obra de arte que habla de la riqueza popular de la ciudad.

De esas mismas fotografías están llenas las guías turísticas y con esos mismos vendedores informales la Alcaldía ha promocionado a Cartagena como un destino cultural: palenqueras, fritangueras y carritos de ‘raspao’ desfilan en cada una de las propagandas institucionales; “Te invito al Corralito de Piedra” dice un carretillero sonriéndole a la cámara, “Ven a La Fantástica” comenta una mujer de piel negra disfrazada con un vestido de colores tropicales.

Pero mucho cuidado: que al carretillero no se le ocurra pensar que es algo más que un adorno publicitario, algo más que una escultura de hierro oxidada en una plaza que sólo pueden invadir con absoluta impunidad los restaurantes y los hoteles de ‘lujo’. Que no se vistan los butifarreros, porque no van, que no se ilusionen los vendedores de limonadas, flautas y jugos de borojó, porque en esta ciudad tan clasista ellos sólo hacen parte de la fachada cultural, y su participación está restringida al tenebroso ámbito de las imágenes promocionales.

En esta ciudad los dirigentes políticos se jactan en público de una cultura popular cartagenera que a puertas cerradas aborrecen. ¿Cuántos alcaldes y concejales no musicalizaron sus eslóganes de campaña con un ritmo champetúo y luego censuraron a la Champeta desde sus cargos electos? ¿Cuántos de esos tipos no se han fotografiado al lado de un pescador o de un vendedor de tintos y después los ve uno vociferando contra los ciudadanos que sin oportunidades laborales han salido a ganarse la vida en las calles?     

La hipocresía, señoras y señores, es algo muy jodido.

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El muro de Cartagena

Cartagena fue los Estados Unidos de la era Trump antes de que los mismos Estados Unidos lo fueran. Antes de que se pusiera de moda hablar de muros fronterizos de 3200 kilómetros de largo, Cartagena ya era la ciudad amurallada, el corral de piedra, el habitáculo colombiano de la exclusión y la indiferencia.

Que no nos extrañe ver que el gobierno de un país que basó su desarrollo industrial y cultural en los inmigrantes hoy quiera asestarles una puñalada en la espalda: eso en la capital del departamento de Bolívar es cuento viejo. Desde hace décadas que vivimos la repetida y triste historia de nacer en una ciudad que ya no nos pertenece, que nos excluye de sus espacios aunque éstos hayan sido levantados sobre la sangre de los indios y con el sudor de los negros esclavizados.

La consigna de quienes han gobernado a Cartagena siempre ha consistido en erradicar todo lo que surja de los sectores populares, es decir, todo aquello a lo que nuestra “aristocracia” política le parezca que hiede a pobre, a indio, a afrodescendiente, a champetúo. Y aunque el alcalde Manolo no pertenezca a esa “aristocracia” (como Trump, que tampoco pertenecía al Establishment gringo) su gestión pública sigue ejecutándose en función de las tradicionales políticas de exclusión: basta con ver las contradicciones en la Gerencia del Espacio Público y Movilidad Urbana, cuyos funcionarios desalojan con violencia a los vendedores informales al tiempo que permiten (muy complacientemente) que los restaurantes y hoteles ocupen las plazas y calles de la ciudad.  

La idea es vaciar el territorio, arrebatárselos a quienes lo “afean” y erigir luego un muro de decretos, impuestos, concesiones y prejuicios que garanticen que el negro, el indio, el pobre y el champetúo no vuelvan.

En sus memorias, García Márquez cuenta que, durante cien años, en la Torre del Reloj hubo un puente levadizo que comunicaba al Centro Histórico con Getsemaní y las familias que vivían entre los manglares de los alrededores. Decía Gabo que los colonos españoles alzaban ese puente desde las nueve de la noche hasta el amanecer, “por el terror de que la pobrería de los suburbios se les colara a medianoche para degollarlos dormidos”.

Es evidente que aquel puente levadizo nunca ha desaparecido. El miedo y el desprecio que las clases dirigentes le tienen a los sectores populares de la ciudad lo mantienen activo. El nuestro es un puente que bajan durante las campañas electorales y que luego vuelven a subir cuando ya no nos necesitan para legitimar su democracia de paja.

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Enseñar la diversidad

Comienza el 2017 y pareciera que la salida de Gina Parody del Ministerio de Educación y la ‘victoria’ del No en el plebiscito hubieran sepultado una educación sexual libre de discriminación en los planteles educativos de Colombia. Después de la polémica de las “cartillas sexuales” (que algunos grupos religiosos y miembros del Centro Democrático instigaron con mentiras y desinformación) el Gobierno Nacional poco o nada ha tocado el asunto.

Quizás a Juan Manuel Santos y a su ministra de educación, Yaneth Giha, les parezca impopular una “Pedagogía de la Diversidad” que enseñe a los niños a conocer la multiplicidad de la condición humana, pero los gobiernos no están constituidos para enaltecer los prejuicios de las masas, sino para hacer respetar los derechos de todos los ciudadanos, y eso incluye los derechos de las minorías.

Dejando de lado la falsa creencia de una “ideología de género homosexualizadora”, la idea de unas cartillas que eduquen a la comunidad educativa en torno a la diversidad sexual sigue siendo bastante oportuna. Hoy, más que nunca, se necesita una educación interesada en proponer la heterogeneidad como punto de partida de cualquier proceso de aprendizaje. Con esto no sólo me refiero a la diversidad sexual, sino también a la diversidad étnica, religiosa, política y lingüística que nutren la cultura colombiana.   

Desconocer nuestra diversidad nos arrastra hasta la discriminación. La ignorancia frente a costumbres y sistemas de pensamiento en los que nuestra lógica no encaja, ha sido el caldo de cultivo de la xenofobia, la homofobia y el racismo.

Vivimos en una época plural y pretendemos ignorarlo. En este siglo globalizado las fronteras culturales entre las distintas regiones del mundo se han desvanecido con una rapidez insólita, resultando sociedades más heterogéneas, poseedoras de una riqueza antropológica que difícilmente hubiésemos imaginado en el pasado. En este siglo se han intensificado las luchas por los derechos civiles, lo que ha motivado que sean cada vez más numerosos los colectivos de mujeres, homosexuales, inmigrantes, indígenas y afrodescendientes que exigen menos discriminación y más respeto a su identidad.

Que en Colombia asumamos que esta realidad tan prolija no existe –o que carece de importancia– es una suprema irresponsabilidad. Si queremos un posconflicto verdadero, primero debemos revolucionar nuestro sistema de educación enseñando a los niños y profesores a reconocer la diversidad como un elemento afortunado, esencial para construir un país en paz.

http://www.eluniversal.com.co/opinion/columna/ensenar-la-diversidad-11900

Entrevista sobre la polémica de la ocupación de la Plaza de los Estudiantes (RCN radio)

Comparto un fragmento de una entrevista del 28 de diciembre de 2016 que me hizo RCN radio a propósito de la ocupación de la Plaza de los Estudiantes por parte del restaurante ALMA, y la retoma que se planeó, desde los cartageneros, para el viernes 30 de diciembre. Todos tenemos el derecho a reclamar nuestros espacios de resistencia. A la Administración Distrital habría que decirle todos los días: ¡Devuélvannos las plazas!

https://www.youtube.com/watch?v=usuHfCnAaUg&t=13s

La lucha por las plazas

La ajena. La colonial. La racista. La corrupta. La saqueada. La excluyente. La de los políticos faranduleros y melodramáticos. La hipócrita. La incoherente. La de la rancia aristocracia que aún se desvive por el recuerdo carcomido de sus virreyes. La ciudad postal. La ciudad vitrina. La capital del exilio. La isla encallada. La urbe de nadie. La lastimera patria estancada de los desposeídos…

Todo eso es hoy Cartagena. Su suelo ya no es aquel rincón de los abuelos. Sus plazas no son más el traspatio colectivo de los barrios. Si en el pasado algo podía llamarse nuestro, eso ha desaparecido con el tiempo. Nos lo han quitado, nos lo robaron con sinvergüenzura, cinismo e irrespeto. Nos metieron el dedo en la boca y nos hicieron tragar con amargura una buena dosis de destierro.

Desde hace muchísimos años las entidades privadas –con la complacencia del alcalde y los concejales– se han ido apoderando del espacio público de los cartageneros. No hay plaza del Centro Histórico que no esté ocupada por restaurantes y hoteles, al tiempo que cada vez son más frecuentes los desalojos (muchas veces violentos) que la fuerza pública ejerce contra los vendedores informales. 

Es por eso que Cartagena necesita urgente de un movimiento popular que se dedique a recuperar sus plazas y sus calles. Un movimiento pacífico constante y sin miedo que no se quede en la efervescencia de una sola protesta.

La lucha por el territorio es la madre de todas las luchas. Por el territorio han luchado los campesinos, los indígenas, el ejército y las guerrillas. Esto es así porque el ser humano es una especie umbilical que tiende a desarrollar un vínculo con el espacio donde nace y en donde camina a lo largo de su vida. Quiere decir que debajo de nuestros pies vamos sembrando nostalgias y necesidades materiales o emotivas, hasta que la tierra que hemos pisado se corresponde con nuestra existencia.

Yo pertenezco a Cartagena y, por esa misma razón, Cartagena me pertenece. Estoy seguro que muchos también lo sienten así. De modo que ante la farsa en la que se ha convertido la Gerencia del Espacio Público, seremos los ciudadanos quienes lucharemos por un verdadero espacio público en el que se reivindique la importancia de nuestra cultura barrial. Todos tenemos derecho a poseer lugares de encuentro dignos donde no se nos obligue a consumir, donde lo único que importe sean los amigos, la conversación y los recuerdos. Hay que acabar con la idea de una Cartagena vacía, disponible sólo para turistas y adinerados. Las calles y las plazas no se arriendan ni se venden: se defienden.

http://www.eluniversal.com.co/opinion/columna/la-lucha-por-las-plazas-11826

Contra la incoherencia

Uno de los males más profundos de la Colombia del siglo XX y comienzos del siglo XXI es la incoherencia. No hemos resuelto ese desbarajuste mediante el cual creemos en un discurso que no empleamos, hacemos promesas que no cumplimos o ejercemos ideologías contrarias con las que nos identificamos.

Un ejemplo bastante reciente de esta malsana contradicción es Viviane Morales y su referendo discriminatorio que busca impedir que los homosexuales y personas solteras puedan adoptar. Nadie como Morales para representar la incoherencia colombiana: una senadora del Partido Liberal (supuestamente el partido que vela por la secularidad del Estado) que propone una reforma constitucional, abiertamente homofóbica, basada en su credo cristiano (el credo que pregona el amor al prójimo).

¿Por qué ocurre todo esto? Pues porque somos una sociedad que acostumbraron a la hipocresía, a la máscara, a vivir de la desagradable doble moral. En el fondo, no es Viviane Morales la que preocupa, sino la comunidad que la respalda y que constituye una notable mayoría. Lo cual implica una incoherencia aún mayor: la de un país que busca desesperadamente la paz mientras persigue y segrega a las minorías.

De modo que no nos engañemos más: no hay acuerdo de paz, ni premio Nobel, ni posconflicto que valgan si todavía en Colombia se discrimina a la población LGBTI. La paz siempre será un proyecto inconcluso si seguimos tratando a los homosexuales como si fueran enfermos o bichos raros a los que les gritamos marica, arepera y loca al pasarles por el lado.

Si somos el país que en la esfera internacional se jacta de su diversidad medioambiental (los cinco pisos térmicos, la infinita variedad de flores, aves y anfibios) y su multietnicidad, ¿por qué no enorgullecernos de nuestra diversidad sexual? ¿O es que en el orgullo a la diversidad también se vale ser incoherente?

El futuro sólo va a estar al alcance de nuestras manos cuando libremos una verdadera lucha contra la incoherencia. Si en Colombia la gente no ahorcara con sus camándulas al tiempo que reza por sus víctimas, si no fuéramos tan hipócritas, tan demócratas y a la vez tan autoritarios… si de verdad supiéramos lo que es el amor al prójimo y a una Constitución política pluralista e incluyente, si tan solo el prejuicio no nos nublara el buen juicio, esta nación ya sería, desde hace rato, una república tranquila donde la familia fuera un concepto al que todos pudiésemos aspirar sin importar nuestra orientación sexual o nuestro estado civil.

http://www.eluniversal.com.co/opinion/columna/contra-la-incoherencia-11768

¿Justicia o Venganza?

¿Deberían los criminales morir a raíz de determinados crímenes? Esta es la pregunta que andan haciéndose los colombianos por estos días. Su origen: el espantoso asesinato de una niña de siete años en Bogotá. Yuliana Andrea Samboni fue raptada de su barrio, abusada sexualmente y luego asfixiada. Esta secuencia de sucesos atroces puso en discusión la pena de muerte, especialmente entre la ciudadanía indignada que pide a gritos que se haga justicia.

En Colombia, la pena de muerte ha sido aceptada y prohibida en distintas épocas: en 1851 los gobiernos liberales la emplearon para quienes cometían delitos políticos; después, en 1886, con la nueva Constitución, se prohibió para los delitos políticos pero comenzó a aplicarse a quienes cometían crímenes atroces, ciertos delitos militares y traición a la patria en guerra extranjera. Finalmente, en 1910, fue abolida por una Asamblea Nacional Constituyente, y la Constitución de 1991 reforzó esta prohibición en su artículo 11, con el argumento de que “el derecho a la vida es inviolable”.

Por estos días, esta garantía a la vida parece tambalearse, pues muchos han resuelto que la mejor forma de combatir el horror es regresando al deshumanizador recurso de la muerte. Entiendo que crímenes como el de Yuliana producen asco e indignación, pero no es sano que nuestra idea de justicia sea emparentada con la venganza y la retaliación. No hay grandeza moral en aquel que pide la cabeza de un criminal para saciar su tristeza o construir un mundo mejor, y les diré por qué: porque la muerte degrada, enturbia nuestra búsqueda de la paz y la honradez.

El solo deseo de acabar con la vida de un homicida deslegitima cualquier propósito honorable. Una pena así en nuestro código penal nos rebajaría, por vía legal, a la barbarie del que comete el crimen.

Además, en un país como Colombia cuyo sistema de justicia es tan ineficaz que muchas veces los culpables son absueltos y los inocentes condenados, es cada vez más necesario prohibir la pena de muerte. Nada más terrible que un ciudadano que ha de morir por una equivocación judicial.

Sólo espero que Rafael Uribe Noguera, presunto homicida de Yuliana, no haga parte de esos culpables que son absueltos por “equivocación”. No le deseo la muerte, pero sí un proceso justo. Mi completa solidaridad con la familia de la víctima y con aquellas niñas y mujeres que se sienten vulnerables en una sociedad misógina y machista. Más que centrarnos en la pena de muerte, creo que deberíamos centrarnos en la violencia de género y la perversa ideología que la causa.

http://www.eluniversal.com.co/opinion/columna/justicia-o-venganza-11692